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Observatorio del Autónomo

Desde APAD y nuestra Confederación Intersectorial de Autónomos (CIAE) estamos intentando desarrollar el Observatorio del Autónomo, al objeto de conocer las inquietudes y opiniones del colectivo de autónomos de manera periódica, y en especial de los que forman parte de las entidades confederadas en CIAE, y con la pretensión de poder atender mejor sus inquietudes. Para ello hemos desarrollado la posibilidad de desarrollar una breve encuesta anónima mediante internet.

En esta labor contamos con la colaboración de Docugrupo al objeto de realizar la tabulación de los datos recibidos, que serán anónimos, ya que como comprobarás no hay que completar ningún dato personal en la misma.

De este modo, te rogamos que dediques unos minutos a contestar las 10 preguntas de la primera encuesta que puedes encontrar en el siguiente link:

Encuesta a trabajadores autónomos.

Agradecemos las participaciones en el estudio, cuya recogida de datos se mantiene abierta hasta el próximo 16 de Mayo.

 

Anteproyecto de Ley denominada “de lucha contra el fraude”

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha solicitado a CIAE, confederación en la que APAD está integrada, observaciones sobre el Anteproyecto de Ley denominada “de lucha contra el fraude”, aprobado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado día 13.

El Informe del Anteproyecto sintetiza las medidas, que nos afectan tanto en nuestra actividad económica como abogados como en los intereses de nuestros clientes:

  • Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales.
  • Tanto el pagador como el que reciba el dinero se enfrentan a multas del 25 por 100. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos a la Agencia Tributaria.
  • Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero. La infracción acarreará una multa mínima de diez mil euros y se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas.
  • La norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.
  • Se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares.
  • Se fija la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad regular.

APAD acepta propuestas sobre el mismo hasta el próximo 6 de mayo, para presentarlas a través de CIAE.

 

Otra oportunidad perdida del Ministerio de Sanidad

Hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así eufemísticamente denominado.

Y el Gobierno ha perdido la oportunidad de aprovechar para, aun fuera de plazo, cumplir la Disposición Adicional Sexta, punto 3, de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que le obligaba a incorporarnos a los profesionales colegiados mutualistas a la asistencia sanitaria pública.

Así, pese a que desde 1997 la sanidad se financia no con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, sino a través de los tributos a que también contribuimos quienes optamos por nuestras Mutualidades profesionales como alternativa legal al RETA, se ha modificado el artículo 3.2.A de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, manteniendo la asistencia sanitaria pública, en el caso de autónomos, sólo a los afiliados al RETA.

 

APyMEDigital de abril de 2012

Número mensual de la revista digital “Autónomos y Pequeños empresarios”, publicada conjuntamente por CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado español), de la que es miembro APAD.

 

Denunciamos al Gobierno ante el Defensor del Pueblo

Pese a que desde hace casi 15 años el Sistema Nacional de Salud se financia no con cargo a cotizaciones sociales a la Seguridad Social, sino vía tributos, los autónomos que optamos por Mutualidades profesionales como alternativa al RETA de la Seguridad Social no tenemos acceso a la sanidad pública, ni nuestros hijos que así son excluidos de la condición de beneficiarios.

Así, nosotros sí que estamos obligados a un “repago” desde 1997:

  • debemos pagar con nuestros impuestos las prestaciones médicas de los demás y, además, seguros privados de para nuestra salud y la de nuestros hijos;
  • y debemos cofinanciar la subvención de las prestaciones farmacéuticas de los demás y, además, el precio total de nuestras medicinas y las de nuestros hijos.

Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE del 5 de octubre de 2011), dicha discriminación que sufrimos deberia haber cesado desde el 6 de abril de 2012. Pero el Gobierno lo ha incumplido.

Disposición adicional sexta. Extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública.
[...]
3. En el plazo de seis meses, el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.

Por ello, hemos tenido que denunciar al Gobierno ante el Defensor del Pueblo, conforme el siguiente escrito de queja: