Denunciamos al Gobierno ante el Defensor del Pueblo

Pese a que desde hace casi 15 años el Sistema Nacional de Salud se financia no con cargo a cotizaciones sociales a la Seguridad Social, sino vía tributos, los autónomos que optamos por Mutualidades profesionales como alternativa al RETA de la Seguridad Social no tenemos acceso a la sanidad pública, ni nuestros hijos que así son excluidos de la condición de beneficiarios.

Así, nosotros sí que estamos obligados a un “repago” desde 1997:

  • debemos pagar con nuestros impuestos las prestaciones médicas de los demás y, además, seguros privados de para nuestra salud y la de nuestros hijos;
  • y debemos cofinanciar la subvención de las prestaciones farmacéuticas de los demás y, además, el precio total de nuestras medicinas y las de nuestros hijos.

Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE del 5 de octubre de 2011), dicha discriminación que sufrimos deberia haber cesado desde el 6 de abril de 2012. Pero el Gobierno lo ha incumplido.

Disposición adicional sexta. Extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública.
[...]
3. En el plazo de seis meses, el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.

Por ello, hemos tenido que denunciar al Gobierno ante el Defensor del Pueblo, conforme el siguiente escrito de queja: