Recordatorio sobre las nuevas facturaciones

Recordamos dos datos fundamentales en nuestras facturaciones desde el 1 de septiembre, a la vista del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, eufemísticamente denominado de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad:

Impuesto Sobre el Valor Añadido.-

Según su artículo 23 el IVA que debemos aplicar a nuestras minutas pasará del 18% a ser del 21% a partir del 1 de septiembre:

Con efectos desde 1 de septiembre de 2012 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

[...]

Dos. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 90. Tipo impositivo general.

Uno. El impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.»

Sin que los servicios prestados por abogados estén contemplados en el artículo 91.

Retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.-

Según su artículo 25.Segundo y la Disposición Adicional Trigésimo Quinta, punto 4, primer párrafo,  la retención por IRPF que debemos aplicar a nuestras minutas giradas a personas jurídicas pasará del 15% a ser con carácter general del 21% a partir del 1 de septiembre, reduciéndose al 19% desde el 1 de enero de 2014:

  • Disposición Adicional Trigésimo Quinta, punto 4, primer párrafo:

En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 % previstos en el artículo 101 de esta Ley y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta Ley, se elevan al 21 %.

  • Artículo 25.Segundo:

Con efectos desde 1 de septiembre de 2012 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

[...]

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente forma:

«a) El 19 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 9 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»

Tres. Se añade una disposición transitoria vigésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria vigésima tercera. Tipo de retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales y a determinados rendimientos del trabajo en 2012 y 2013.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos previstos en el apartado 3 y en la letra a) del apartado 5, ambos del artículo 101 de esta Ley, satisfechos o abonados hasta el 31 de agosto de 2012, será el previsto en dicho artículo, en su redacción vigente a 1 de enero de 2012.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a dichos rendimientos que se satisfagan a abonen a partir de 1 de septiembre de 2012 será el previsto en el primer párrafo del apartado 4 de la disposición adicional trigésima quinta de esta Ley, salvo en el supuesto en el que resulte de aplicación el porcentaje del 9 por ciento previsto en el segundo párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley.»

Recordamos que la Sentencia 6626/2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ya declaró nulo el incremento de las retenciones al 20% durante el Gobierno de Aznar, con Mariano Rajoy como Vicepresidente y Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, por:

  • infringir el principio de capacidad económica, porque implica para muchos profesionales una cifra de retenciones que supera la propia cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • vulnera el principio de igualdad, porque no tiene en cuenta, a diferencia de los rendimientos del trabajo, las circunstancias personales y familiares.
  • comportar efectos confiscatorios prohibidos por el artículo 31 de la Constitución Española.