Nuestra asociación

¿Quiénes somos?

APAD es la asociación profesional de los abogados autónomos de España.

Conforme el artículo 19.2.C del Estatuto del Trabajo Autónomo, nuestro objeto es "ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales" de los abogados por cuenta propia.

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Servicios a los asociados

¿Qué ofrecemos?

Como asociación profesional, APAD tiene dos vertientes en su actuación:

  • Acción reivindiacativa exterior, de presión sobre los poderes públicos para mejorar las condiciones del desarrollo de nuestra actividad económica.
  • Prestación de servicios interior, de implementación de una cartera de ofertas para los asociados.

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Procedimiento de acceso al derecho a la asistencia sanitaria pública

Desde hace 15 años la sanidad pública (asistencia sanitaria y farmacéutica) se financia no vía cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social sino a través de los tributos que pagamos todos, cuando el artículo 1.1 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, incorporó la primera de las Recomendaciones del Pacto de Toledo.

Durante todo este tiempo, a los autónomos colegiados que conforme la vigente Disposición Adicional 15ª. de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, optamos por una Mutualidad profesional como alternativa al RETA de la Seguridad Social, nos ha sido impuesto un repago sanitario en cuya virtud, aparte de contribuir como todos al sostenimiento de la sanidad pública, se nos ha impedido acceder a la misma manteniéndonos como clientes cautivos de una sanidad privada obligatoria de hecho.

Desde APAD aprovechamos el resquicio de la Disposición adicional sexta, punto 3, de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, que obligaba a regularizar la situación antes del pasado 6 de abril, para denunciar su incumplimiento ante el Defensor del Pueblo. El 31 de mayo, incoado el expediente nº. 12007010 de dicha institución, la misma resolvió requerir al respecto a la Administración.

Finalmente, el Gobierno ha tenido que aprobar el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, en virtud de cuyo artículo 2.1.b.1º, tienen la condición de asegurados y de beneficiarios  de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, los españoles residentes en España sin ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía.

El Procedimiento de solicitud de Tarjeta Sanitaria pública para el profesional y sus beneficiarios queda del siguiente modo:

1º.-  Solicitar cita previa para la categoría de “Prestaciones. Presentación de solicitudes y documentos” y, dentro de ella, el servicio de “Asist. Sanitaria Nacional (Inclusión Beneficiarios),  Presentación de Solicitudes y documentos de Asistencia Sanitaria Nacional (Reconocimiento del derecho, Inclusión de Beneficiarios)”, en alguno de los Centros de Atención e información de la Seguridad Social (CAISS).

2º.- Personarse el día y hora citados con el siguiente impreso (descargar) cumplimentado y la fotocopia del DNI y demás documentación que en su última página se relaciona:

3º.- Una vez verificada por el funcionario de la Seguridad Social toda la documentación, personarse en el Centro de Salud correspondiente a solicitar la Tarjeta Sanitaria pública.

 

Recordatorio sobre las nuevas facturaciones

Recordamos dos datos fundamentales en nuestras facturaciones desde el 1 de septiembre, a la vista del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, eufemísticamente denominado de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad:

Impuesto Sobre el Valor Añadido.-

Según su artículo 23 el IVA que debemos aplicar a nuestras minutas pasará del 18% a ser del 21% a partir del 1 de septiembre:

Con efectos desde 1 de septiembre de 2012 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

[...]

Dos. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 90. Tipo impositivo general.

Uno. El impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.»

Sin que los servicios prestados por abogados estén contemplados en el artículo 91.

Retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.-

Según su artículo 25.Segundo y la Disposición Adicional Trigésimo Quinta, punto 4, primer párrafo,  la retención por IRPF que debemos aplicar a nuestras minutas giradas a personas jurídicas pasará del 15% a ser con carácter general del 21% a partir del 1 de septiembre, reduciéndose al 19% desde el 1 de enero de 2014:

  • Disposición Adicional Trigésimo Quinta, punto 4, primer párrafo:

En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 % previstos en el artículo 101 de esta Ley y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta Ley, se elevan al 21 %.

  • Artículo 25.Segundo:

Con efectos desde 1 de septiembre de 2012 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

[...]

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente forma:

«a) El 19 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 9 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»

Tres. Se añade una disposición transitoria vigésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria vigésima tercera. Tipo de retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales y a determinados rendimientos del trabajo en 2012 y 2013.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos previstos en el apartado 3 y en la letra a) del apartado 5, ambos del artículo 101 de esta Ley, satisfechos o abonados hasta el 31 de agosto de 2012, será el previsto en dicho artículo, en su redacción vigente a 1 de enero de 2012.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a dichos rendimientos que se satisfagan a abonen a partir de 1 de septiembre de 2012 será el previsto en el primer párrafo del apartado 4 de la disposición adicional trigésima quinta de esta Ley, salvo en el supuesto en el que resulte de aplicación el porcentaje del 9 por ciento previsto en el segundo párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley.»

Recordamos que la Sentencia 6626/2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ya declaró nulo el incremento de las retenciones al 20% durante el Gobierno de Aznar, con Mariano Rajoy como Vicepresidente y Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, por:

  • infringir el principio de capacidad económica, porque implica para muchos profesionales una cifra de retenciones que supera la propia cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • vulnera el principio de igualdad, porque no tiene en cuenta, a diferencia de los rendimientos del trabajo, las circunstancias personales y familiares.
  • comportar efectos confiscatorios prohibidos por el artículo 31 de la Constitución Española.
 

Las mentiras de la Ministra

El pasado 17 de mayo, la Ministra Ana Mato hizo unas declaraciones difundidas desde la Presidencia del Gobierno y desde el propio Ministerio de Sanidad, en las que, enfrentando los intereses de los españoles contra los inmigrantes, manifestó sobre la reciente reforma sanitaria, que

  • “hace efectiva la universalidad y la gratuidad” de los servicios asistenciales incluidos en la cartera básica común para todos los españoles.
  • recoge “todas las posibles situaciones en las que puede encontrarse un ciudadano español”.
  •  “aseguramos  el derecho de todos los españoles, estableciendo un único procedimiento de reconocimiento”.

Pero es falso. Los españoles que, como trabajadores por cuenta apropia, optamos por nuestra Mutualidades colegiales para la cobertura de nuestras contingencias profesionales tenemos vedado el acceso a la sanidad pública, pese a que desde hace 15 años, con la Ley 24/1997, la pagamos como los demás contribuyentes.

Nosotros estamos obligados al “repago” sanitario desde hace 15 años: Pagamos la pública para los demás, y además nos vemos cautivos de seguros privados de salud para garantizárnosla a nosotros y nuestros hijos.

Y aunque el actual Gobierno debería haber terminado con esta discriminación desde el 6 de abril de 2012,  ha incumplido la Ley, por lo que APAD hemos tenido que denunciarlo ante el Defensor del Pueblo, incoando su expediente 12007010.

 

Respuesta del Ministerio de Sanidad

Como informamos, antes del incumplimientode su plazo que hemos denunciado ante el Defensor del Pueblo, solicitamos a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre la implementación de la extensión de la asistencia sanitaria pública a los y trabajadores autónomos colegiados mutualistas.

La siguiente es la respuesta que recibimos el pasado día 11:

Estimado señor:

En relación con su correo electrónico, en el que plantea consulta acerca de la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública para los trabajadores por cuenta propia, le comunico lo siguiente, una vez recibido informe al respecto de la Secretaría General de Sanidad, dependiente de este Departamento ministerial:

La disposición adicional sexta de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, estableció la extensión de la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídco.

Esta extensión se ha hecho ya efectiva para algunos colectivos (personas que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012). Sin embargo, para otros colectivos, la citada extensión se realizará, como la propia ley indica, atendiendo a la evolución de las cuentas públicas, previa determinación reglamentaria de los términos y condiciones necesarios.

Le sugerimos la conveniencia de que se dirija a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma en la que reside, por ser el Organismo competente para la emisión de la tarjeta sanitaria a la que pudiera tener derecho o, en su caso, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Entidad Gestora competente para pronunciarse sobre el eventual derecho de los trabajadores por cuenta propia a la asistencia sanitaria a cargo de la Seguriad Social.

Atentamente,

Ángel M. Suárez Iglesias
Subdirector General de Atención al Ciudadano
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Os mantendremos informados

 

Competencia publica su Informe sobre los Colegios Profesionales y la Directiva de Servicios

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un Informe sobre los Colegios profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, en el que recomienda que se lleve a cabo la adaptación al nuevo marco normativo estatal de las legislaciones autonómicas y de las normas internas colegiales y que se aclare la delimitación de las profesiones que puedan estar sujetas al régimen excepcional de colegiación obligatoria.

En el marco de su función de promoción de la competencia, la CNC ha analizado la situación competitiva en el sector de las profesiones colegiadas que constata la persistencia de numerosos obstáculos al acceso y al ejercicio de las actividades económicas en el mismo con la falta de adaptación expresa a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios): el nuevo marco comunitario no ha sido trasladado íntegramente a la actividad cotidiana de los Colegios profesionales.

En opinión de la CNC, las numerosas restricciones de la competencias que aún reflejan o favorecen las normas internas de los Colegios habrían quedado derogadas por las reformas operadas en el nuevo marco legal.

Ya con anterioridad la CNC había analizado los cauces de la competencia en las profesiones colegiadas entre otros en sus Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales de 2008, Informe sobre Proyecto Normativo 03/2008 Actividades de Servicios, Informe sobre Proyecto Normativo 08/2009 Anteproyecto de Ley ÓmnibusPosición sobre el Reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales